La prescripción del IBI

Todos aquellos propietarios de algún inmueble, ya sea urbano o rústico, estarán familiarizados con el IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles). Resumida y simplificadamente, nos encontramos ante un tributo gestionado por los ayuntamientos, que grava la propiedad sobre inmuebles situados en sus respectivos términos municipales. Se liquida y se abona año por año, siendo el momento de su devengo el 1 de enero de cada ejercicio a gravar. Es decir, el IBI de 2.016 se devenga el 1 de enero de 2.016, el de 2.015 el 1 de enero de 2.015 y así sucesivamente, sin perjuicio del momento en que se nos gire la liquidación o efectuemos el pago, que suele ser a finales de cada año.

La base sobre la que se aplica el porcentaje que resultará a pagar, es el valor catastral del inmueble en cuestión, esto es, la suma del valor del suelo y de lo construido. Este valor se encuentra recogido en la Dirección General del Catastro, que es un registro público donde constan, a efectos meramente fiscales, la descripción y valores de los distintos inmuebles del territorio nacional.

Pues bien, es frecuente que desde el Catastro se proceda de oficio a modificar los valores de los bienes cuando, por ejemplo, se aprecia un error de medida en la superficie del terreno, un cambio de destino de la tierra de secano a regadío, o se comprueba la existencia de una construcción que no había declarado el titular. Si esta modificación se debe a un hecho que debió declarar el propietario (como p.ej. una nueva construcción en un terreno), este nuevo valor catastral tendrá efectos retroactivos, es decir, se considerará que ese era el valor del bien desde el momento pasado en que el propietario tenía obligación de declarar la nueva situación. En estos casos, el Catastro procede a informar de ello a los ayuntamientos, lo cuales harán por cobrar el IBI de los años anteriores, el que hubiera resultado a pagar de haberse tenido en cuenta el valor correcto del inmueble.

Si recibimos del Ayuntamiento una liquidación del IBI de un año anterior, debemos permanecer atentos, ya que si dejamos pasar un mes desde su recepción sin recurrirla, tendremos que pagarla aunque esté prescrita o sea errónea. Para comprobar si la liquidación esta prescrita o no, tendremos que tener en cuenta que el ayuntamiento tiene un plazo de 4 años para notificarnos una liquidación del IBI, desde el momento en que se genera el impuesto. De esta forma, por ejemplo, dado que la obligación de pagar el IBI del año 2.012 se genera, como hemos dicho, el 1 de enero de 2.012, el ayuntamiento tiene un plazo de 4 años para liquidar y notificárnoslo. Si llegado el día 2 de enero de 2.016, 4 años después, no hemos recibido dicha liquidación, no tendremos obligación de pagarla, aunque la recibiéramos después, por estar prescrita. Aun así y como hemos mencionado, esta prescripción no opera automáticamente, sino que habrá que alegarla en el recurso correspondiente si no queremos vernos obligados a pagar una deuda prescrita.

Si se ve en esta situación y su Ayuntamiento le reclama recibos de IBI correspondientes a ejercicios anteriores, en Initia Abogados podemos realizar por usted todos los trámites necesarios para evitarle pagar lo que no le corresponde.

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